El presidente del Colegio de Médicos de Toledo, Luis Rodríguez Padial, ha denunciado que la ley del aborto reduce la función del médico a la de un burócrata: “Pretenden que nuestra actuación con el aborto sea dar un papelito”, alerta en esta entrevista publicada por el diario ABC.
Por otro lado, el presidente del Colegio de Médicos de Sevilla, Carlos González-Vilardell, ha pedido al Ayuntamiento, en esta entrevista, que reconsidere el apoyo que va a dar al IX Congreso de la Federación Internacional de Profesionales del Aborto y la Contracepción que se celebrará los días 21, 22 y 23 de octubre en la capital andaluza.
La inmensa mayoría de los médicos sigue el Código Deontológico profesional y se niega a colaborar en la práctica de abortos.
Saben que el aborto es un mal: acaba violentamente con una vida humana y daña la salud de la mujer.
Los médicos tienen la vocación de cuidar de sus pacientes. Se han comprometido a hacerlo por el Juramento Hipocrático y están obligados a hacerlo por el Código Deontológico de la profesión.
Pide a la Organización Médica Colegial de España un pronunciamiento público a favor del derecho a la vida de los niños concebidos y de la libertad de conciencia de los médicos frente al aborto.
El aborto pervierte el papel social del médico
La entrada en vigor el pasado 5 de julio de la nueva ley de aborto supone la corrupción de los principios deontológicos de la profesión médica que pervierte y desnaturaliza el papel social del médico y vulnera sus derechos fundamentales como ciudadanos y como administrados.
Esta ley no solo convierte a los médicos en cómplices y cooperadores necesarios de una practica que acaba con la vida de un ser humano ,y por tanto homicida, sino en agentes que dañan la salud sexual ,física y mental de la mujer que condiconan negativamente su futuro reproductor y ponen en riesgo su vida.
La nueva ley obliga a los médicos a facilitar y cooperar en la ejecución de abortos mediante su "implicación directa "en las distintas fases de un proceso que conduce a la muerte intencionada de un ser humano por indicaciones políticas, sociales o ideológicas que nada tienen que ver con la medicina ni la ética médica, y restringe su legitimo derecho fundamental a la objeción de conciencia por razones éticas y científicas al equipo quirúgico encargado del arrancamiento fetal.
También obliga a los estudiantes de medicina a estudiar y aprender tanto la teoria como las técnicas para quitar la vida a un ser humano embriofetal como medio de interrumpir o finalizar el embarazo de un hijo indeseable. Y obliga a los médicos a reiterar "anticipadamente y por escrito" lo que ya en su día juraron publicamente, en vez de exigirlo a los que abjuren del Código Deontológico y el Juramento Hipocrático.
La intención de regular la conciencia profesional de clase médica es una injerencia del gobierno y la clase política que abusa del poder del Estado para imponer a los médicos una ideología contraria a la deontología médica que considera que matar a los hijos antes del parto es un "derecho reproductivo" de la progenitora y una obligación del médico,cuando ésta juzgue que su hijo es indeseable por atentar contra sus intereses cuando no haya sido "planificado" o se le haya detectado antes del nacimiento alguna enfermedad, anomalia o discapacidad.
Hacer un diagnóstico prenatal no con la intención de curar sino de facilitar la ejecución legal del enfermo, también es contrario a la ética y a la deontología médica. La ausencia de castigo penal o disciplinario no convierten al diagnóstico prenatal eugenésico ni al aborto en practicas acordes a la deontología profesional.
La conciencia profesional del médico ya está autoregulada en un Código Deontológico, sancionado por una Entidad de Derecho Público, que establece el bien que un médico debe hacer y el mal que no debe hacer (moral).
Legislar la moralidad de la actuación médica( más si es para hacer pasar un mal por un bien) es un acto de paternalismo político intolerable impropio de un Estado democrático aconfesional.
La muerte intencionada de un "ser humano embriofetal" como medio para interrumpir un embarazo, no es un acto único ni un acto médico, sino un "proceso paramedico" que ocasiona un trauma a la mujer, en el que ningún médico está deontologicamente legitimado en participar.
Defender con firmeza el derecho a la vida
Por el bien de toda la sociedad solicitamos al Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España que defiendan con firmeza la vida , la salud de la mujer y la deontología médica en concreto en sus articulos: 23.7, 24.1, 27.1, 4.1, 2.1,4.4, y 9.3 para que nuestros médicos se sigan ocupando de curar y de velar por nuestra salud.
Queremos hacer sentir a la clase médica y a la Organización Médica colegial el respaldo de la sociedad civil en su defensa de toda vida desde que empieza hasta que acaba por sí misma, de la verdadera salud sexual y reproductiva de la mujer y de los derechos y deberes de los médicos.
Por ello les animamos a que reiteren con firmeza que la llamada "interrupción voluntaria del embarazo" es una práctica antideontologica que no cabe en la consideración de acto médico por lo que deberia ser desterrada del ámbito sanitario.
Al margen de respetabilisimas razones individuales de naturaleza religiosa o ideológica , la objeción de conciencia del médico a cooperar en prácticas sanitarias que conducen a una finalización violenta de la gestación no se basan en argumentos de tipo político , ideológico, o religioso,se basan en razones éticas y cientificas.
La ciencia nos dice que los embriones y fetos de la especie humana son seres humanos en acto que están vivos hasta que se mueran naturalmente o intencionadamente y que el aborto daña la salud de la mujer. La ética médica más elemental nos dice que no es legitimo matar ni dañar la salud de los seres humanos.
En virtud de los artículos 2 y 3 del Código Deontológico vigente, animamos a la Organización Médica Colegial a que cumpla con su obligación de difundir y hacer cumplir los deberes que impone la deontología médica,